El coronel policial Rafael Núñez de Aza, otro de los implicados en el entramado de corrupción del caso Coral, busca obtener su libertad mediante un recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión que lo envió a prisión por 18 meses junto a otros involucrados para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.

El recurso fue interpuesto por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, por el abogado Félix Humberto Portes Núñez, con lo cual busca que una de las tres salas penales de la Corte de Apelación de esa jurisdicción revoque la decisión y por consiguiente disponga su libertad, mediante el pago de una garantía económica, impedimento de saluda y presentación periódica.

El recurso fue presentado en contra de la resolución de la jueza  Kenya Romero, quien dispuso 18 meses de prisión en contra de Núñez de Aza, exencargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y otros implicados en el caso.

En la instancia, que consta de 29 páginas, se señala que la decisión recurrida está viciada porque hubo una falta contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la resolución y una errónea aplicación de una norma jurídica.

Considera que el tribunal impuso a su cliente la imposición infundada de la medida más gravosa a pesar de que los “elementos de prueba” presentados por el Ministerio Público no fueron suficientes para mínimamente sustentar sus imputaciones, además de una ausencia total de la valoración de los presupuestos y más aun de las pruebas a descargo presentadas que desvirtúan teoría fáctica del ente acusador.

En el recurso de apelación la defensa sostiene que la jueza Kenya Romero no tomó en cuenta que el Ministerio Público no establece en su acusación circunstancias de modo, tiempo, lugar y la forma en que el recurrente participó en los hechos que le imputan de ser testaferro dentro del entramado de corrupción.

La jueza valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el Ministerio Público, al tiempo que fijó la revisión obligatoria de la medida de coerción para el martes 10 de agosto.

La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución describen al coronel Núñez de Aza como uno de los cerebros financieros del entramado policial-militar societario y religioso encabezado por el mayor general Adams Cáceres Silvestre, quien guarda prisión.

En el caso figuran además como acusados la pastora Rossy Maybeline Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, quienes se encuentra en la cárcel de Najayo y el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien se encuentra en arresto domiciliario, tras el tribunal acoger un pedimento presentado en ese sentido por el Ministerio Público.

El grupo es acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.

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Fuente: Listin Diario

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