Lo triste de este holocausto que la Seguridad Social continúa permitiendo que se cometa con la población dominicana es la actitud de sus autoridades, al hacerse de la vista gorda y dejar que todo siga su curso.

Por Luis Holguín-Veras |14-08-2022 00:03hs

Recientemente escuché a un amigo afirmar que «para los afiliados la Seguridad Social Dominicana es como un holocausto».  Confieso que en el momento, su afirmación me pareció extremista y le resté importancia, pero luego sus palabras volvieron a captar mi atención, recordándolas en varias ocasiones.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) la palabra holocaustoproviene del lat. tardío holocaustum «holocausto, sacrificio con quema de la víctima».

El DRAE presenta varias acepciones de la palabra holocausto,a continuación, presentamos una de ellas, que consideramos la más aplicable al sentido de la afirmación de nuestro amigo:  «Gran matanza de seres humanos.»

Como ya he dicho, en principio, la afirmación de nuestro amigo me pareció exagerada, pero cuando la analicé objetiva y reflexivamente, llegué a la conclusión de que cierta y tristemente, la Seguridad Social en nuestro país está produciendo un verdadero holocausto o genocidio.

Y es que pese a que la intensión que hubo al aprobar la Ley 87-01 era muy justa e inclusiva, las disposiciones que conforman el contenido de esta Ley es una franca negación de las motivaciones que dieron origen a dicha Ley.  Estas contradicciones las comentamos en nuestro artículo Seguridad social dominicana niega motivaciones que le dieron origen, publicado por Acento.com.

Las autoridades de la Seguridad Social, junto con los Legisladores que aprobaron la Ley 87-01, así como los que la han modificado en diversos momentos, son los responsables del Holocausto que se ejecuta en la Seguridad Social.

Este holocausto no se caracteriza por el asesinato masivo, sino por el exterminio lento y casi imperceptible de miles de personas, a quienes negándoles sus derechos, tienen que realizar pagos adicionales para recibir lo que por derecho les corresponde, mientras pasan a la indigencia al negárseles las prestaciones que deberían percibir.  A quienes, al no respetar sus derechos adquiridos o sus derechos fundamentales, se les niegan las pensiones y se les retienen en las AFP que les han captado a través de desinformación, desorientación y traspasos automáticos, como reconoce el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) en dos Resoluciones cada una.

Personas que obligatoriamente son afiliadas a la Seguridad Social, pero que arbitrariamente son despojadas de todos sus derechos en pro de favorecer a los negocios insertados en la Seguridad Social.

Los negocios insertados en la Seguridad Social, junto a los Legisladores y a los funcionarios que les ha tocado dirigir o trabajar en las instituciones de la Seguridad Social, son todos corresponsables de este HOLOCAUSTO, toda vez que en sus decisiones permanentemente priorizan el asegurar que todas las disposiciones y normativas favorezcan a los intereses de estos negocios (AFP y ARS), aunque estas medidas vayan en perjuicio de los derechos de los afiliados.

Quizás algunos de los lectores podrían pensar que exageramos, igual que lo hice yo cuando mi amigo expresó que «la Seguridad Social Dominicana es como un holocausto», pero debo comentarles que esa es la calificación justa para un sistema que niega o conculca los derechos de las personas afiliadas, condenándolos a la indigencia, la desatención, el desamparo y la incertidumbre.  Un sistema que le niega a la población el derecho fundamental a la salud integral; que niega derechos adquiridos y derechos fundamentales con total impunidad; cuyos funcionarios e instituciones públicas olvidan que de acuerdo a nuestra Constitución, el Estado es el garante de la Seguridad Social; un sistema cuya única prioridad parece ser los beneficios de los negocios insertados en la Seguridad Social y no los derechos de la población y las personas afiliadas.

En especial, consideramos que la Seguridad Social está sembrando las bases de un holocausto para los miles de servidores públicos amparados por la Ley 379-81, a quienes la Ley 87-01 les reconoce su derecho a permanecer en el sistema de reparto y que la Constitución, en varias de sus disposiciones, les favorece en cuanto a preservar los derechos adquiridos, la defensa de los derechos fundamentales y la favorabilidad para los titulares del derecho, en los casos de conflicto entre disposiciones legales como las existentes.

El holocausto de la Seguridad Social no es exclusivo de quienes ahora están en edad o condiciones de pensionarse, sino que presenta un panorama peor para los jóvenes afiliados que ven el momento de jubilarse como algo muy lejano, peor, porque muchos, producto de la desinformación y desorientación con que se ha implementado la Seguridad Social piensan que llegada la edad de pensionarse, dada la baja tasa de retorno que se ha demostrado tendrá el sistema de pensiones, piensan que tendrán derecho a que se les devuelva en un solo pago el balance acumulado en su Cuenta Personal del Afiliado, lo cual no es posible.  Para los jóvenes los resultados de este funesto sistema será aún peor que para los que ya estamos en edad de pensionarnos, pues además, sufrirán los efectos de la inflación.

Es un verdadero genocidio el que se comete, cuando se obliga a un trabajador a tener que afiliarse a un Seguro de Salud que es selectivo en la cobertura que ofrece, que le exige un pago adicional en cada prestación que recibe y que obstaculiza o niega los servicios que requiere.

Cuando se profundiza en la realidad de las personas afiliadas y las prestaciones que la Seguridad Social le está brindando y les brindará en el futuro, es fácil concluir que este no les provee ninguna certidumbre a sus afiliados, manteniéndoles, por el contrario, muchas incertidumbres.

Lo triste de este holocausto que la Seguridad Social continúa permitiendo que se cometa con la población dominicana, es la actitud de sus autoridades, al hacerse de la vista gorda y dejar que todo siga su curso, ignorando los reclamos de la población. Dejan muy claro que no tienen ningún interés de garantizar los derechos de la población, sino que están comprometidos con mantener y ampliar las ganancias de los negocios insertados en la Seguridad Social.

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) que agrupa a cientos de servidores públicos, quienes diariamente expresan sus calamitosas situaciones, puede dar testimonio fiel de las penurias que atraviesan, luego de una vida de trabajo, sacrificios y responsabilidad, con la que brindaron el trabajo durante su vida laboral, con la seguridad de que cuando les llegara el tiempo de su retiro, el Estado honraría su derecho a permanecer en el sistema de reparto y obtener la pensión que les corresponde, de acuerdo a su edad y la antigüedad acumulada como servidores públicos.  Que tendrían derecho a disfrutar del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo como lo establece la propia Ley 87-01 y que se les eliminaría el límite de los ocho salarios mínimos tal y como se hace en al menos siete instituciones públicas, ya que el resto de servidores públicos también tiene derecho a este beneficio en igualdad de condiciones.

Hace meses un funcionario me manifestó que yo tenía una predisposición contra el Consejo Nacional de la Seguridad Social, a lo que le respondí que no.  Le expliqué que simplemente criticaba las acciones negativas e ilegales que este órgano de rectoría del Sistema Dominicano de Seguridad Social había tomado, la mayoría de las veces, en años anteriores.  Le expliqué que, muy por el contrario, el actual CNSS debería recibir nuestros planteamientos como sugerencias de modificaciones de situaciones que debían y podían solucionarse, si querían hacer justicia y casarse con la gloria.

Al parecer es más rentable favorecer las ganancias de los negocios insertados en la Seguridad Social, que cumplir y garantizar los derechos a la población y en especial a las personas afiliadas en la Seguridad Social.

Los servidores públicos hemos participado en las vistas públicas realizadas por la Comisión Bicameral de la Seguridad Social, del Congreso Nacional, hemos remitido al CNSS, a la SIPEN y la DIDA nuestras propuestas.  Les hemos presentado nuestras propuestas a través de la plataforma digital de la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social (CES), resultando todas ellas con altas valoraciones de los lectores de las mismas, pero este órgano no ha correspondido a invitarnos a una de sus sesiones para, como servidores públicos, explicar nuestros reclamos, pese a que hemos solicitado ese espacio por escrito.

Fuente: Acento

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